La protección constitucional de los grupos de atención prioritaria en el ordenamiento jurídico ecuatoriano The constitutional protection of priority groups in the Ecuadorian legal system

Resumen

La protección constitucional de los grupos de atención prioritaria constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador. El presente estudio tiene como objetivo analizar el alcance y la efectividad de la protección constitucional otorgada a los grupos de atención prioritaria en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a partir del examen de los principios constitucionales, el desarrollo normativo, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. La investigación adopta un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo–analítico, basado en el análisis documental y normativo de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, normativa infraconstitucional, sentencias relevantes de la Corte Constitucional y artículos académicos especializados. Los resultados evidencian que el marco constitucional ecuatoriano reconoce de manera expresa el derecho a la atención prioritaria como una forma de protección reforzada orientada a garantizar la igualdad material y la dignidad humana de colectivos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad. No obstante, se identifican brechas significativas entre el reconocimiento normativo de estos derechos y su materialización efectiva en la práctica institucional, asociadas a la fragmentación normativa, la debilidad institucional, la insuficiente implementación de la jurisprudencia constitucional y la limitada incorporación de los estándares internacionales en las políticas públicas. Se concluye que, si bien el Ecuador cuenta con un diseño constitucional garantista, el fortalecimiento de la protección efectiva de los grupos de atención prioritaria requiere un enfoque integral que articule coherentemente el desarrollo normativo, la implementación institucional, la asignación de recursos y la formación continua de los operadores jurídicos, con el fin de consolidar un constitucionalismo inclusivo y transformador.