La criminalística y la validez de la prueba penal: desafíos y propuestas para la recolección de indicios, cadena de custodia y el informe pericial en la fiscalía general del estado Criminalistics and the validity of criminal evidence: challenges and proposals for the collection of evidence, chain of custody and the expert report in the state attorney general's office

Resumen

La criminalística constituye un componente fundamental del sistema de justicia penal ecuatoriano, al aportar métodos científicos para la localización, recolección, preservación, análisis e interpretación de los indicios relacionados con la comisión de un delito. Sin embargo, su aplicación durante las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General del Estado presenta desafíos técnicos, normativos e institucionales que pueden afectar la confiabilidad de la prueba científica. El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia del levantamiento de indicios, la cadena de custodia y el informe pericial en la validez de la prueba penal dentro del sistema procesal ecuatoriano. Se empleó una metodología cualitativa de enfoque jurídico-doctrinal, basada en la revisión bibliográfica, el análisis de la normativa nacional, la comparación con estándares internacionales en ciencias forenses y el estudio de un caso de homicidio. Los resultados evidenciaron debilidades en el procesamiento de la escena del delito, especialmente en la recolección y preservación de indicios, las rupturas de la cadena de custodia, la insuficiente especialización técnica y las deficiencias metodológicas en algunos informes periciales. Asimismo, se identificó que la concentración de funciones criminalísticas en un mismo servidor incrementa el riesgo de contaminación y pérdida de evidencia. Como aporte, se propone un modelo de gestión para la Criminalística y Ciencias Forenses sustentado en la autonomía técnica, la especialización, la capacitación continua, el control de calidad y la implementación de estándares internacionales, con el propósito de fortalecer la confiabilidad de la prueba penal y garantizar el debido proceso